A sanción presidencial pasó un proyecto de ley aprobado en conciliación en las plenarias de Senado y Cámara y que mejora todo el sistema de formación para los integrantes de la Policía Nacional.

Esta iniciativa hace parte de la reforma estructural de la institución que impulsó el Gobierno en el Congreso de la República y que contiene mecanismos en materia de capacitación de los uniformados.

Adicionalmente, según explicó el ministro del Interior, Daniel Palacios, habrá mejoras salariales para los miembros de la institución.  

“Los policías estarán teniendo alrededor de un incremento del 35% de sus ingresos a través de las diferentes primas y bonificaciones que se han creado”, sostuvo.

“Se establece un énfasis por parte de la Policía Nacional en capacitación en derechos humanos, en certificación de competencias y además de la creación de un centro de estándares que será financiado por el Ministerio del Interior, lo que busca es crear esos procedimientos y protocolos estandarizados de todos nuestros policías obviamente en el marco de los derechos humanos”, explicó el alto funcionario.

La iniciativa crea la categoría de patrulleros de Policía y contempla un aumento de sueldo, cada seis años, para quienes tengan un buen comportamiento.

“Sin la ley hoy un patrullero que lleve, por ejemplo, 12 años en la Policía, devenga hoy cerca de $2′000.000, pero con la ley aprobada devengará $350.000 adicionales. Y si esa persona es casada o se casa, o si es casada y tiene dos hijos recibirá otro aumento adicional de $600.000″, dijo el senador y coordinador ponente, José Luis Pérez.

Este proyecto pasa a sanción presidencial junto a otra iniciativa que reforma el Estatuto Disciplinario de la Policía Nacional y que contiene herramientas para sancionar a aquellos uniformados que cometan casos de abuso de autoridad, y entrará en vigencia en el 2022.

En esta propuesta se crean nuevas faltas graves y gravísimas y se plantea que la Procuraduría General de la Nación tendrá control preferente sobre las denuncias que se hagan sobre presunta violación de derechos humanos por parte de miembros de la Fuerza Pública.

La ley creará adicionalmente un inspector delegado para la protesta social, que se encargará de garantizar el respeto por las personas que participan en las movilizaciones ciudadanas.